El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha impuesto sanciones a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a su exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, prohibiéndoles la entrada al país norteamericano debido a su implicación en casos significativos de corrupción durante sus mandatos. Esta medida también se extiende a los familiares inmediatos de ambos, incluyendo a los hijos de la exmandataria, Máximo y Florencia Kirchner.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que tanto Fernández de Kirchner como De Vido "abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino". Rubio destacó que múltiples tribunales argentinos han condenado a ambos por corrupción, lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro del país.

Estas sanciones se enmarcan en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que permite al secretario de Estado designar públicamente a funcionarios extranjeros y a sus familiares inmediatos cuando existan pruebas creíbles de su participación en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos. Como resultado de esta designación, las personas afectadas son generalmente inelegibles para ingresar a Estados Unidos.

La reacción en Argentina no se hizo esperar. El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales el comunicado del Departamento de Estado, mostrando su apoyo a la decisión estadounidense. Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner respondió con un mensaje crítico en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), cuestionando la sanción y sugiriendo que Milei la solicitó.

Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de contratos de obras públicas durante su mandato. Aunque ha apelado la sentencia y actualmente se encuentra en libertad, este fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre pasado, y está pendiente el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema. La exmandataria ha negado todas las acusaciones, calificándolas de persecución judicial con fines políticos.

Julio De Vido, por su parte, fue condenado a cinco años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos en relación con el accidente ferroviario de 2012 que causó 52 muertes. Aunque ya cumplió su condena, sigue bajo investigación por otras causas de corrupción.

Estas sanciones reflejan la postura de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción a nivel global, incluso en los más altos niveles de gobierno, y buscan promover la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio

personal.