La medida fue adoptada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, tras evaluar un conjunto de razones humanitarias, de salud y seguridad personal.

La decisión se fundamenta en tres ejes principales: la edad de la ex mandataria (72 años), el intento de magnicidio del que fue víctima en 2022 y la imposibilidad práctica y legal de garantizar su seguridad en una unidad penitenciaria sin incurrir en condiciones de aislamiento prolongado, consideradas incompatibles con estándares constitucionales y de derechos humanos.

Argumentos de la defensa

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían solicitado el arresto domiciliario argumentando que la ex presidenta es una persona mayor de 70 años, que tiene custodia permanente por parte de la Policía Federal y que, debido al atentado sufrido, su integridad física correría riesgo en una prisión común. Además, señalaron que su clienta vive sola, tiene cobertura médica vigente (OSDE 510) y que el departamento en el que reside es adecuado para cumplir la condena.

Rechazo del fiscal, pero decisión favorable

El Ministerio Público Fiscal, representado por Diego Luciani y Sergio Mola, se opuso al pedido al considerar que no existían razones humanitarias suficientes que justificaran el beneficio. Sin embargo, el tribunal concluyó que sería “difícil de compatibilizar” su encierro en una cárcel con la obligación estatal de preservar su seguridad, integridad y dignidad.

Condiciones del arresto domiciliario

La prisión domiciliaria será cumplida en la vivienda ubicada en San José 1111, piso 2, dpto. “D”, en Capital Federal. Fernández de Kirchner deberá:

Permanecer en el domicilio, salvo autorizaciones judiciales.

Abstenerse de causar molestias a los vecinos.

Informar una lista de personas autorizadas a ingresar a su hogar (familia, médicos, abogados, custodia).

Además, se ordenó colocarle una tobillera electrónica de control, pese a que su defensa consideró “innecesaria” esa medida por la presencia permanente de su custodia policial. El tribunal argumentó que el control judicial no puede delegarse en fuerzas de seguridad.

Supervisión y continuidad de la causa

La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal supervisará el cumplimiento del régimen domiciliario y deberá elevar informes trimestrales al tribunal. También se ordenó continuar con el cómputo de la pena y se dejó sin efecto la citación a detención en unidad carcelaria cursada el 10 de junio pasado.

Cristina Kirchner fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. La sentencia quedó firme tras el rechazo de recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema.